Y es lógico: la licitación del 2018, para cubrir las necesidades del 2019, fue la última en la que abasteció plenamente a esas instituciones. Vino una ruptura con las distribuidoras, se quebró la comunicación con las farmacéuticas y se implementó “sobre las rodillas” un nuevo esquema sin planeación.

Además se optó acceder a medicamentos vía la UNOPS, la agencia ligada a la ONU. La elección no ha resultado afortunada. Ahora mismo se espera el fallo de una licitación tardía de 360 claves cuyo resultado se sabría en febrero. A la fecha no hay claridad.

Tampoco ha resultado fácil comprar medicamentos en China e India y el gobierno ha tenido que echar mano de asignaciones directas para amortiguar el caos.

En Canifarma que preside Miguel Lombera y que lleva Rafael Gual no se ve por ahora una mejora en el abasto en las instituciones de salud pública. Lo más probable es que éste 2022 prevalezca la falta de medicamentos, con la gravedad que esto conlleva.

El propio Gual hace ver que ahora mismo tendrían que iniciarse las licitaciones para 2023. De lo contrario se tendrá otro año perdido como fueron 2020, 2021 y este 2022.

El rubro farmacéutico está más que dispuesto a colaborar para mejorar la situación, como ya se hace con Cofepris de Alejandro Svarch para destrabar la parálisis en la aprobación de nuevas moléculas e investigación clínica.

El punto es que el gobierno entienda la forma de operar de la industria a fin de amortiguar el golpe que hoy reciben millones de pacientes. Como quiera panorama complicado.